Presos los inocentes, libres los correístas…

La metida de “mano a la justicia” fue la principal arma del correísmo para sembrar el terror, para someter a disidentes y aliados, para cubrir su corrupción y despistar al país con chivos expiatorios. Muchos presos políticos aún purgan penas mientras que varios correístas gozan de libertad y de la “vista gorda” de ciertas autoridades que no los investigan para dejar sus delitos en la impunidad. Aquí los principales casos.

El ex asesor del Ministerio del Interior Diego Vallejo junto a su madre cuando era apresado. Vallejo fue encarcelado un año por denunciar cómo sus superiores le obligaban a archivar las investigaciones de corrupción, que involucraban a altos funcionarios del gobierno. “El ahora vicepresidente Jorge Glas llamaba directamente a mi jefe, para pedirle que parara ciertas investigaciones”, denunció Vallejo.

INVESTIGACION TEMPO/ Diciembre 25, 2017

“Por supuesto que vamos a meter las manos en las Cortes” y las metió. Hizo una consulta, activó su estado de propaganda, la ganó y eligió “a dedo” al Consejo de la Judicatura de Transición, ente que luego -mediante un descarado regalo de puntos- le dio a cambio casi una decena de jueces sumisos que debieron pagar el puesto favoreciendo sus caprichos y demandas que sumaron pedidos de cientos de millones de dólares y condenas de varios inocentes.

Correa y su Consejo de la Judicatura de Transición elegido “a dedo”: Paulo Rodriguez y Tania Arias.

Lo paradójico fue que su propia veeduría, esa que presidió el juez español Baltazar Garzón y cuya función era vigilar el proceso de selección de los nuevos magistrados, admitió la espuria elección de los jueces.

Medios y periodistas, los primeros condenados

Con la justicia en sus manos, el diario El UniversoEmilio PalacioChristian Zurita y Juan Carlos Calderón fueron sus primeros objetivos. El diario guayaquileño fue condenado a pagar $ 80 millones para resarcir la supuesta honra sufrida del mandatario y los dos periodistas -Zurita y Calderón- debían pagar $ 2 millones

Pero el objetivo de fondo era sentar precedentes de miedo para silenciar a toda la “prensa corrupta”, una entelequia creada para acabar con la prensa independiente y el periodismo investigativo. Así pretendía evitar que se descubran los actos de corrupción del régimen.

Buscaba también apuntalar a su naciente estado de propaganda y erigir a su monopolio de medios públicos e incautados, como los paladines de la verdad, dividiendo -de paso- a medios y periodistas en “buenos” y “malos”. 

El juez Wilson Merino fue la herramienta del correato que se prestó para esta trama.

Parte de la “black list” de periodistas perseguidos por el correísmo

Pero no todo quedó allí. Los siguientes objetivos de la justicia correísta apuntaron a FundamediosRoberto AguilarFernando VillavicencioMartín Pallares, el caricaturista Bonil, Janeth Hinostroza, Tania TinocoDiario La Hora, EcuavisaRamiro Cueva de Ecotel y una larga lista de varios medios y periodistas que fueron perseguidos y encausados por la Supercom al amparo de una inquisidora Ley de Comunicación.

Andrés Páez y Galo Lara, los primeros en denunciar la corrupción correísta

Los ex asambleístas Andrés Páez Galo Lara fueron la punta de lanza de las denuncias de la oposición. Páez fue el legislador que más indagó al correísmo y quien enfrentó a Correa cuestionando especialmente la “metida de manos” a la Justicia.

Páez presentó alrededor de 4000 pedidos de información y fue perseguido, espiado y amenazado. Correa llegó al extremo de conminar a Páez a darse de golpes, propuesta que el ex mandatario tuvo que recular.

Por su parte, allá por el año 2011, Lara denunció a Carlos Pareja Yanuzelli por las irregularidades en la comercialización de nuestro crudo. 

Lara fue primero acosado, tentado luego, acallado después y finalmente terminó sentenciado por la justicia correísta a 10 años de prisión por supuesta complicidad en un triple asesinato. El ex asambleísta acusó al gobierno de fabricarle pruebas para condenarlo. 

Carolina Llanos, su mujer, fue también condenada, encarcelada, maltratada y perdió a su hijo en prisión.

“Que la madre de dos de mis hijos tenga un teléfono celular a mi nombre no me hace a mi cómplice, ni a ella autora intelectual, de un crimen”. Galo Lara

El antes y después de Galo Lara: denunciando la corrupción correísta y arribando de Panamá encadenado, humillado.

Galo Lara se asiló Panamá pero un ensañado correísmo promovió -al más alto nivel- la revocatoria de esa condición y lo trajo encadenado para finalmente confinarlo en una cárcel.

Lara ha denunciado maltratos, violación de derechos, negativa a visitas íntimas y al acceso a medicinas para la diabetes que padece. Recientemente tuvo que hacer huelga de hambre para que le permitan ver a su familia. 

“Han llegado al extremo de quitarme mi Biblia, mis medidores de azúcar y de presión, mis zapatos para uso diabético”. Galo Lara.

Las juezas Lucy Blacio, Ximena Vintimilla y la Ministra de Justicia Leidy Zúñiga fueron las operadoras y protagonistas visibles del caso Lara-Llanos.

Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, persecución judicial implacable

Cléver Jiménez se ganó el ensañamiento correísta por su aseveración “Este es el gobierno más corrupto de la historia”. Hoy vive condenado a un grillete en su pierna.

El asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio tomaron la posta de Lara y fueron más allá. Empezaron a destapar la corrupción correísta que crecía paralela al alto precio del crudo y a los rimbombantes anuncios de la construcción de “megaobras” por parte de la “revolución”.

Jiménez fue defenestrado de su cargo, allanado en sus oficinas, acusado y condenado a prisión. La peor parte la llevó Villavicencio quien en plena navidad del 2013 fue allanado en su casa por un operativo combinado de la Fiscalía, la Presidencia de la República y la Senain, la “gestapo” criolla de Correa.

Su familia, sus hijos y su esposa sufren un severo trauma por este episodio que ha dejado una siniestra huella de dolor en el hogar del periodista.

Villavicencio, quien destapó la corrupción correísta, fue condenado a pagar 47 mil dólares al mismo Correa. Es preso político por denunciar la corrupción. Tuvo que elegir entre ir a la cárcel o llevar un grillete en su pierna.

Villavicencio y su medio digital Focus ilustraron al país el modus operandi de la corrupción correísta que se basó en las forzadas declaratorias de emergencia, en la norma del Giro Específico del Negocio y en los supuestos contratos de obras complementarias.

Las denuncias fueron difundidas en forma documentadas y con las pruebas respectivas. Así el país pudo conocer la corrupción con lujo de detalle en casos como el de Petrochina, la intermediación petrolera, Odebrecht, Petrobras, la Ruta Collas, las refinerías de Esmeraldas y Del Pacífico, Monteverde, MC Squared, Palo Alto, Manduriacu, entre otros tantos. 

Jiménez y Villavicencio fueron perseguidos vorazmente, violados sus derechos, condenados y vilipendiados públicamente. Tuvieron que vivir en la clandestinidad e incluso esconderse por meses en la Amazonía.

Hoy, el país, el Estado y el gobierno han podido comprobar que la totalidad de sus denuncias fueron verdaderas, que tenían la razón, que los condenaron por denunciar la corrupción.

Los operadores visibles que actuaron contra Jiménez y Villavicencio fueron el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, el Fiscal José Luis Jaramillo, el Fiscal Galo Chiriboga, las juezas Lucy Blacio y Ximena Vintimilla y el juez Maximiliano Blum.

Activistas sociales, indígenas, estudiantes y maestros

Los 10 de Luluncoto, apresados bajo cargos de terrorismo y sabotaje. Las pruebas: tener en su poder imágenes del Che, música protesta y literatura revolucionaria.

Muchos casos de persecución judicial se gestaron directamente desde las “sabatinas”. Correa daba órdenes vedadas a los jueces, quienes actuaban por miedo, por sumisión o para salvaguardar su puesto.

Activistas sociales, indígenas, estudiantes, maestros fueron las nuevas víctimas. Allí está el casos de los 10 de Luluncoto, jóvenes acusados de terrorismo y encarcelados por más un año en forma por demás atropellada.

Casos similares fueron los de Mery Zamora y Pepe Acacho condenados a 12 años de prisión por sabotaje y terrorismo.

Fueron también a parar a la cárcel por protestar, médicos, maestros y estudiantes de los colegios Central Técnico, Montúfar y Mejía. Incluso un estudiante denunció torturas en su contra en el programa Visión 360 de Tania Tinoco.

Carlos Pérez Guartambel apresado por protestar en defensa del agua.

La prefecta de Orellana Guadalupe Llori también fue apresada y acusada de sabotaje y terrorismo al igual que Carlos Pérez Guartambel, Marlon Santi y Delfín Tenesaca por protestar en defensa del agua.

Injusticia, locura y desvarío

Entontecidos por el poder y dueños de la justicia, condenaron al joven Francisco Endara a dos años de prisión por aplaudir.

La justicia en tiempos de Correa no solo fue un espectáculo de terror sino también de locura y desvarío. Francisco Endara fue condenado a dos años de cárcel por aplaudir. Jeanine Cruz, concejal de Loja fue también a prisión por tuitear. Pablo Chambers y otros veedores del caso “Gran Hermano”, fueron condenados a prisión por haber hecho su trabajo y no haber fallado a favor de los caprichos de Carondelet. 

El 30S fue también un gran pretexto para apresar a la naciente disidencia. Así fueron condenados a cárcel Fidel Araujo, Pablo Guerrero, Galo Monteverde, entre otros. 

Violando procesos y derechos, Manuela Piq, pareja de Pérez Guartambel, fue condenada a salir del país luego de ser detenida en una de las protestas anticorreístas en Quito.

26 indígenas de Saraguro -entre ellos ocho menores- fueron criminalizados y apresados por protestar.

No importó la edad ni la trayectoria de prestantes ciudadanos de la Comisión de Anticorrupción, quienes también fueron amenazados de ir a la cárcel por denunciar la corrupción de Caminosca y Manduriacu.

Los miembros de la Comisión Anticorrupción amenazados con ir a la cárcel por denunciar la corrupción correísta.

Chivos expiatorios, el último invento de la injusticia correísta…

La última invención de la justicia correísta fue condenar y apresar a inocentes para usarlos como chivos expiatorios, en el afán de despistar a la opinión pública y ocultar o minimizar sus delitos.

Uno de estos casos es el del hermano de Andrés Páez, Esteban, a quien lo acusan de evasión tributaria por una factura que no es de él, ni tampoco conseguida por él, ni incorporada por él en la contabilidad de una empresa con la que trabajaba profesionalmente.

Como hermano de uno de los opositores más activos de Quito, era el chivo expiatorio ideal para el “show” mediático y de paso para desacreditar a un fuerte cuadro de la oposición y ganador de las pasadas elecciones según las confesiones recientes del ex asesor presidencial, Mangas. Por ahora Esteban Páez está condenado a llevar un grillete en su pierna.

El caso más cruel e inhumano es el de Carolina Astudillo, secretaria de Carlos Pareja Cordero, usada a la par de la avalancha de pruebas y evidencias surgidas en contra de Jorge Glas y otros, en el caso de sobornos y coimas de Odebrecht.

La justicia correísta se ensañó con Carolina Astudillo porque ella no quiso acusar a su jefe con afirmaciones falsas ante la Fiscalía.

Astudillo -quien padece de cáncer- fue procesada y encarcelada en la Navidad pasada con el fin de recabar información que culpabilizara a su jefe. Le ofrecieron prebendas a cambio de que testifique en contra de Pareja Cordero so pena de confinarla en la cárcel por veinte años. Ella contestó que sus principios y convicciones religiosas no le permitían mentir ni acusar a una persona inocente.

“Si no acusas a tu jefe, te daremos veinte años para que te pudras en la cárcel”, le amenazaron a Carolina Astudillo.

Mediante el aparataje de propaganda correísta, vendieron a Pareja Cordero como “Capaco”, con el fin de que la gente no hable y se olvide de “Capaya”, un funcionario correísta que estaba involucrado en actos graves de corrupción en la repontenciación de la refinería de Esmeraldas.

Carolina Astudillo fue acusada de un supuesto lavado de dineros en Petroecuador por un valor de $ 53’000.000,00 millones. Nunca pudieron probar tal acusación y en esta Navidad fue condenada a 17 años de prisión por supuestamente haber lavado 179 mil dólares.

De un plumazo y por arte de magia la acusación se redujo de 53 millones a 179 mil dólares

Carolina Astudillo y su familia poco tiempo antes de que entre a prisión. Ella sufre de cáncer y la justicia correísta ensañada, le niega alimentación, medicinas, tratamiento y espacios adecuados para su condición médica.

A más de un irresponsable desconocimiento del caso, los jueces evidenciaron estar apegados a una consigna del poder. Violando derechos y atropellando el proceso sentenciaron a Carolina Astudillo con una rapidez pocas veces vista.

Los que están por encima de la Ley y la Justicia

Se supone que nadie está por encima de la Ley, y menos por sobre la Justicia, pero no. A pesar de que hay varios funcionarios del correísmo en prisión, hay muchos más que están gozando de impunidad, blindados por sus nuevas posiciones, dignidades o revestidos de cargos estatales “de peso”.

Jorge Glas 6 años de prisión por $ 13 millones. Carolina Astudillo 17 años por supuestos $ 179 mil

Mientras a Carolina Astudillo la sentencian a 17 años por un supuesto delito de lavado de 179 mil dólares, ex funcionarios correístas siguen campantes en la impunidad. 

Los casos de Petrochina, Yachay, Petrobras, MC Squared, Ruta Collas, Refinería del Pacífico, Refinería Esmeraldas, Monteverde, Azul, Palo Alto, Manduriacu, y cientos más, duermen el sueño eterno de la impunidad.

Muchos ex correístas disfrutan de su nuevo estatus de impunidad. Carlos Pólit goza del sol de Miami. El fiscal Galo Chiriboga, quien tapó tanta corrupción y por años, bien gracias. ¿Qué corona tiene el Procurador García que no ha sido sancionado por su sospechosa omisión en el juicio a Jorge Glas y por perder la mayoría de juicios del Estado? 

Las Autoridades de Control correístas no han sido sancionadas por sus acciones u omisiones

¿Dónde está Juan Pablo Pozo y porqué no se investiga las declaraciones de Eduardo Mangas que involucran al ex presidente del CNE en un evidente fraude electoral, delito que se paga hasta con 7 años de prisión?

Juan Pablo Pozo no ha sido investigado por el presunto fraude declarado por Eduardo Mangas, ex asesor presidencial de Lenin Moreno.

Marcela Aguiñaga y sus errores de buena fe por 40 millones de dólares están blindados en la Asamblea correísta.  Gabriela Rivadeneira hasta ahora no nos cuenta porqué nunca fiscalizó y cómo hizo su nueva casa y fortuna. Rossana Alvarado tiene la sartén por el mango. Es la Ministra de Justicia.

Correa y el trio que no le importó mostrar sumisión: Rossana Alvarado, Gabriela Rivadeneira y Marcela Aguiñaga.

Alexis Mera, se mantiene en bajo perfil y nadie le toma cuentas. Freddy Elhers… seguramente sigue viajando y hasta ahora no investigan su alegre dispendio. Richard Espinosa, luego de hacer y deshacer con los dinero de los afiliados del IESS, igualmente en la impunidad. Nadie lo investiga. Ramiro González lo dejaron escapar. La lista de la impunidad es interminable.

¿Será que las Autoridades de Control y la Justicia son tan inocentes que están convencidas que Rafael Correa no sabía nada sobre la corrupción en su gobierno? Creen que dejó la mesa servida y que tampoco es responsable sobre la ilegal y abultada deuda externa y que no debe ser investigado?.

Nadie se atreve a ponerle el cascabel a gato,¿les tiembla las piernas o son parte de la corrupción?. 

Mientras tanto, en estas festividades, hay inocentes víctimas de la injusticia correísta cuyas familias derramaran lágrimas de ira e indignación.

Fernando Villavicencio acaba de entregar a la Asamblea Nacional una grave denuncia sobre el manejo petrolero en el que se habría perjudicado al país en más de $ 2,000 millones. Veamos si cae el pez gordo. Veamos si son capaces de ponerle al menos un grillete.