INCAPACIDAD VS CRISIS

En El Conocimiento Inútil, Jean François Revel, explicó con su usual brillantez, que la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”  y con pocas excepciones los gobiernos en Ecuador parecen empeñados en comprobarlo, una y otra vez, como para que no queden dudas.

El Presidente y el Ministro de Economía. Una gestión poco transparente, que deja muchas dudas en el camino.
Economista Marco Flores Troncoso / Julio 24 de 2019

La afluencia masiva de recursos, inicialmente provenientes del auge en los precios del petróleo y de otras materias primas, luego el fuerte endeudamiento público, el incremento y creación de impuestos le permitieron durante diez años de gobierno a Rafael Correa, realizar gastos excesivos y costosas inversiones que tuvieron un final crítico cuando la burbuja que creó la afluencia de divisas, concluyó y activó la subyacente crisis económica que hoy nos agobia a los ecuatorianos.

«Crearon el falso auge económico que originó una fuerte distorsión en los precios relativos, con inversiones y ventas inmobiliarias que llegaron a efectuarse casi a cualquier precio».

Como la expansión producida tanto en el gasto público como en la inversión del Gobierno no fueron producto de ningún ahorro previo en magnitudes compatibles, crearon el falso auge económico que originó una fuerte y correspondiente distorsión en los precios relativos, como por ejemplo en los observados en el sector inmobiliario con inversiones y ventas que llegaron a efectuarse casi a cualquier precio.

Esas inversiones y ventas realizadas sin sustentarse en una economía productiva estable y real, dificilmente hubieran ocurrido si no mediaba la mencionada distorsión que no tardó en expresarse en la dañina sobrevalorización de los bienes. 

Cuando las fuentes que proporcionaban la afluencia de recursos fueron drásticamente restringidas, la crisis estalló, poniendo en evidencia la fragilidad y los errores incurridos en cuantiosas inversiones públicas y privadas, y por cierto en el enorme gasto público usado para financiar un estado ineficiente, muy poco amable y sobredimensionado que llegó a ubicar su tamaño por sobre el equivalente al 40% del PIB, muy lejos de su cause normal de 21%.

«El enorme gasto público usado para financiar un estado ineficiente, llegó a ubicar su tamaño por sobre el equivalente al 40% del PIB, muy lejos de su cause normal de 21%».

Fue así como la restricción de recursos se encontró súbitamente con un Estado imposible de financiar con sus ingresos regulares, volviendo permanente la iliquidez fiscal, el déficit y la peligrosa tendencia a endeudar al país y a aumentar impuestos, como penosamente ha ocurrido luego de treinta reformas tributarias producidas los últimos doce años.

Han transcurrido ya veintiseis meses desde que se inició el gobierno de Lenin Moreno y la política económica en vigencia continúa visiblemente equivocada y recesiva en momentos en que la economía se deprime y la pérdida de competitividad sigue especialmente perjudicando la producción exportable. La factura de la crisis no debe ni puede trasladarse a las familias pero no será solucionada si no se reactiva la economía, su crecimiento y el empleo productivo.

«La factura de la crisis no debe ni puede trasladarse a las familias pero no será solucionada si no se reactiva la economía, su crecimiento y el empleo productivo».

Apartado de la buena economía y clamor mayoritario el Gobierno resolvió seguir un programa tradicional de Consolidación Fiscal de aquellos que deprimen aún más la economía y penosamente posponen el crecimiento económico, fanatizan la austeridad y los recortes fiscales, aumentan y crean impuestos, produciendo elevados costos sociales, especialmente para los más pobres.

Hay una amplia evidencia empírica que muestra como estas políticas destruyen empleo, profundizan pobreza, lastiman la equidad y finalmente incluso vuelven poco o nada sostenible el pago de la deuda pública, haciendo difícil y caro el financiamiento cuyo costo será irremediablemente trasladado a las familias. 

Está claro que con éstas políticas en desarrollo no es posible resolver la crisis económica y todo parece indicar que hasta que concluya su período el Gobierno sólo se concentratrá en cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal, combinando más endeudamiento con la privatización de los más rentables activos del patrimonio nacional para simplemente mantener el mismo ineficiente modelo de gestión pública, atrapado en gasto, déficit, impuestos, endeudamiento y crecimiento incipiente a pesar de que es indispensable diseñar, instrumentar y conducir con experiencia y rigor técnico una política económica contracíclica que privilegie la reactivación, el crecimiento inclusivo, el empleo y reduzca la pobreza. 

No sólmente han sido los errores acumulados en los últimos doce años los que han hecho que el país haya desembocado en la crisis actual. Ecuador también ha mantenido por décadas unas estructuras económicas, jurídicas, políticas y sociales que no le permiten progresar al ritmo de los tiempos modernos y sólo posibilitan que lo hagan muy pocos, siempre muy pocos frente a cientos de miles de familias que aspiran a tener al menos una vida digna y sin angustias.

«Se requiere confiar la conducción de esa economía a profesionales de gestión independiente libres de presiones, intereses personales y de terceros».

Ciertamente con buena economía es posible impulsar la inversión productiva, impulsar el crecimiento económico sostenido, generar empleo digno y reducir pobreza, pero se requiere confiar la conducción de esa economía a profesionales de gestión independiente que respondan exclusivamente al bien común, libres de presiones, intereses personales y de terceros.

Las familias ecuatorianas necesitan cambios en el modelo de gestión del país y con contadas excepciones también de los líderes que pertenezcan o respondan a los mismos grupos económicos o políticos que desde hace cincuenta años ha resuelto y definido su destino sólo comprometidos consigo mismos o con intereses inferiores que no permiten construir una economía ni un Estado institucional y de derecho que ofrezca y garantice oportunidades de progreso para todos. 

Economista Marco Flores Troncoso / Julio 24 de 2019